Es la comidilla nacional desde que se filtró el caso armado a los medios de comunicación la semana pasada, con el propósito de hacer pomada la reputación de Guadalupe Taddei Zavala, a la sazón presidenta del Consejo General del INE, y, acto seguido, defenestrarla del cargo dos meses después de haber iniciado el proceso electoral 2026-2027, el más relevante de la historia contemporánea.
El objetivo se consumó conforme al manual y en la narrativa construida quedó como folclore para el imaginario colectivo un antagonista: José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor consentido del INE, a quien la evidencia documental y gráfica coloca en el terreno del tráfico de influencias vía la relación personal que cultivó con la citada consejera que llegó de Sonora en abril de 2023 como árbitro electoral, con el impulso y aval de Morena.
Beneficiario de nueve empresas identificadas, ninguna de ellas en documentos (aunque sí ha participado Raymundo Francisco Hernández Casillas, su hermano, como representante de algunas), todas las cuales compiten en cuanta convocatoria emitida por el Instituto pueden, José Alfredo ha tejido una red para atrapar los requerimientos de cada elección mediante Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño de Reconstrucción y Comunicación, Litho Formas, Comercializadora Grupo Selati, TOL Producciones, y Formas Finas Fernando Fernández.
En defensa de las contrataciones multimillonarias exhibidas en los últimos días alguno podrá decir que al tratarse de un proveedor especializado en insumos electorales, no existe mucha competencia en el país en la materia (pues no se trata de materiales de venta al público debido a las especificaciones de seguridad) y es hasta cierto punto natural que se le contrate de manera simultánea en el INE y los OPLE.
Ahí es donde se inserta José Alfredo en el Instituto Electoral de Coahuila, aquel ente donde invierten el tiempo en ociosos conflictos de género y diversidad, y una permanente guerra fría por el poder.
Cajas Graf, por ejemplo, tiene por giro la fabricación de productos de plástico, papel, cartón y material electoral. Formas Finas, en cambio, impresión y distribución de material electoral. Ambas con domicilio en Ciudad de México, fueron inscritas al mismo tiempo en el padrón de proveedores del IEC: el 1 de abril de 2022.
Asimismo Litho Formas, cuyo objeto es la impresión de documentos de alta seguridad, y Corporativo ZEG, para la fabricación y suministro de material electoral. Finalmente TOL Producciones, una todóloga del mismo consorcio, se registró apenas el 24 de febrero de 2026.
Ahora bien, más allá del semi monopolio ejercido en su ámbito de competencia, a José Alfredo se le prefiere por sus habilidades persuasivas como enamorar, encandilar y agasajar a sus clientes contratantes.
Lo clásico, pues, sólo que pagado con recursos públicos. De acuerdo con las mismas filtraciones, en el domicilio del contratista no sólo se negociaban adjudicaciones, sino también se impulsaban consejerías electorales en los OPLE.
Cortita y al pie
En Coahuila también hace aire, ya que el IEC adjudicó contratos a Cajas Graf, TOL Producciones, Formas Finas y Materiales, y Litho Formas. Un total de 213 millones 553 mil 996 pesos desde mayo 2023, ya con Taddei Zavala al frente del INE, a la fecha.
Se trata de 10 contratos verificados y un modus operandi: las empresas suelen participar al mismo tiempo como competidoras una de la otra, y priorizan los fondos federales como pago. El de menor monto fue por 1 millón 778 mil 743 pesos en 2026, y el de mayor cuantía por 69 millones 470 mil 367 pesos en 2023.
Los expedientes se identifican con los folios AD-SG/015/2023, LP-003-2023, LP-004-2023, LP-008-2023, LPN-IEC/003/2024, LPN-002-2025, LPN-003-2025, LPN-IEC-002-2026, LPN-003-2026, y AD-SG-008-2026. Lo mismo para la elección judicial extraordinaria de 2025 que para los procesos locales ordinarios.
La última y nos vamos
Por lo demás, ¿a quién llevaron “sopita de fideo con pescado” en el IEC? ¿Cuál “chamaquito” escanció champagne con “Paris a sus pies”?
“¡Ay, cómo eres, Alfredo!”
Residua
El pasado martes 20 de octubre se difundió en este mismo espacio el tema del tabasqueño magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Ricardo de León Caraveo, quien ha emprendido una cruzada mediática para exhibir –a su juicio– el desaseo de la institución, tomando como punto de partida su experiencia personal en las salas regionales.
Si bien se dejaron por escrito tres banderas rojas en la publicación a manera de precaución: 1) la nota que puso reflectores al asunto fue firmada por Sanjuana (enterradora de Notimex) en La Jornada; 2) la relación laboral de Caraveo con Adán Augusto, y 3) su designación en 2024 a propuesta directa de López Obrador y no por carrera judicial, un cuarto elemento cobra significado: en específico el juez quejoso se duele de habérsele retirado la escolta que, con recursos públicos, le habilitó el Estado mexicano a petición de este, al sentirse inseguro debido a las acusaciones y manifestaciones que ha enderezado hacia sus pares (de Jalisco y Tabasco, estados donde ha tenido encontronazos y problemas) y hacia el aparato judicial de la FGR.
Al respecto ha señalado en particular al coahuilense David Boone de la Garza, fiscal de Control Regional en la FGR, como artífice de la maniobra, sin embargo la protección personal en estricto sentido fue asignada por una Ministerio Público en Tabasco a Caraveo, y concluyó en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales acerca de temporalidad, riesgo inminente y revisión judicial, no por una decisión unilateral de Boone.
Así que, más que un conflicto entre abogados te veas, es entre tabasqueños te veas.